VÍCTIMAS DE DICTADURAS MILITARES APELAN A LA CIDH

Las víctimas de las dictaduras militares, que asolaron el país entre 1964 y 1982, acudirán a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) , para denunciar que Bolivia no ha resarcido su sacrificio, como dispuso Naciones Unidas. El oficialismo considera que debe analizarse caso por caso antes de que alguien acuda a organismos internacionales con esta finalidad.

Antonio Moreno, dirigente de los luchadores sociales, indicó que Naciones Unidas estableció que todos los estados en los que hubo represión y dictaduras deben identificar a los responsables de los delitos y reparar el daño inferido a quienes se enfrentaron con las autocracias.

SELECCIÓN DE VÍCTIMAS. Moreno dijo que solamente 1.700 de 5.000 víctimas se han beneficiado con el resarcimiento. “Justifican que no hay pruebas que nos identifiquen como víctimas, cómo vamos a probar ese extremo, si no se permite desclasificar los archivos reservados de las Fuerzas Armadas”.

El 19 de marzo, en Washington se reunirán los integrantes de la CIDH, encuentro al que fueron invitados el Gobierno y cuatro representantes de las víctimas.

Moreno afirmó que Argentina, Chile, Uruguay y Ecuador han cumplido la decisión de la ONU y otorgaron resarcimientos a las víctimas de los gobiernos de facto, pero en Bolivia, este grupo aún no recibió justicia ni el resarcimiento anotado.

Los perseguidos, encarcelados, exiliados y torturados por los represores solicitaron a la Central Obrera Boliviana, que incluya en el pliego petitorio, el resarcimiento completo a las 5.000 víctimas, cuyos dirigentes analizan el pedido correspondiente.

El criterio del oficialismo. El diputado oficialista Víctor Borda consideró que antes de acudir a organismos internacionales, los interesados deben dar lugar a una revisión detallada caso por caso para determinar cómo y bajo qué circunstancias han sido afectados, para determinar quienes son realmente víctimas de las dictaduras.

Borda denunció que algunas personas aprovechan esta situación para beneficiarse.

“El Estado no puede ser benefactor y pagar rentas vitalicias a personas que no sean víctimas, aspecto que es censurable. Bolivia es un país democrático y bajo esa característica debe resolverse el tema, aunque todos tienen la libertad de acudir a otras instancias de justicia”.

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